Falta protección para ahorradores

AutorVanessa Beltrán

EL NORTE / México

MÉXICO.- Los 3 millones de ahorradores que tienen depositados 25 mil millones de pesos en las más de 600 cooperativas de ahorro y préstamo, cajas populares, sociedades y asociaciones civiles y las sociedades de solidaridad social que operan en el País, carecen de protección alguna, ante la probable prórroga de su regularización.

Autoridades, legisladores y las mismas cajas de ahorro han atrasado la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que fue creada en el 2001, y en la que se establece la creación de un seguro de protección para el ahorrador en caso de que quiebre alguna caja.

La entrada en vigor de la Ley estaba programada originalmente para el 2003, pero se dio una prórroga para el 4 de junio próximo, y ahora hay un dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y que falta ser ratificado por la de Senadores para que su entrada en vigor se aplace al 1 de enero de 2006 para algunas entidades, y para el 2008 otras.

"La prórroga obedece a que ha sido complicado para muchas cajas cumplir con todos los requisitos, y el tiempo ya les alcanzó", dijo el diputado panista José Juan Bárcena.

Sin embargo, aseguró que prácticamente el 90 por ciento de las entidades ya están listas.

La nueva Ley establece que las entidades de ahorro popular deben transformarse en cooperativas de ahorro y préstamo, o en sociedades financieras populares, únicas dos figuras previstas por la legislación.

Arón Silva, director general adjunto de planeación y evaluación estratégica de Bansefi, remarcó que la Ley es muy clara y una vez que entre en vigor, las entidades que no se transformen, deberán cerrar.

Pero, a cinco años del quebranto de algunas cajas populares, entre ellas las de Cirilo Ocampo "JOV", que afectaron a la población de menos ingresos del País y que han costado al fisco más de 3 mil 300 millones de pesos, no hay quién responda en caso de desfalco o problema.

Hoy día, no hay quién vigile a las entidades de ahorro y crédito popular ni quién responda a los ahorradores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores -que será la encargada de vigilarlas una vez que entre en vigor la nueva Ley- declinó hacer comentarios.

En las 600 entidades de ahorro popular, los argumentos van desde que los requerimientos son muy complicados para cumplirlos en poco tiempo, hasta que dicha ley es inconstitucional.

"Para las cajas ha sido difícil cumplir con los requerimientos que están pidiendo las autoridades, pues...

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