Falsifica el Gobierno informe en caso ABC

AutorDiana Baptista

MÉXICO.- Dos dueños de la Guardería ABC de Hermosillo, donde fallecieron 49 niños víctimas de un incendio hace siete años, fueron sentenciados con base en un oficio falso, denunció Otoniel Gómez, defensor de los inculpados.

El oficio 23 mil 180, emitido presuntamente por la delegación del IMSS el 26 de julio del 2005, enlistaba una serie de observaciones para mejorar las condiciones de seguridad de un inmueble y justificar supuestas omisiones del ABC.

En junio del 2009, Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR y actual ministro de la Corte, estuvo en Sonora y dijo que había recibido el documento que constataba que los socios sabían sobre las condiciones de peligro en la guardería.

No obstante, hace unas semanas, un juez confirmó la falsedad del oficio.

Fue justo con base en ese documento que fueron destituidos e inculpados cuatro funcionarios del IMSS de Sonora y se procesó a tres socios de la Guardería ABC.

Gómez dijo que el documento falso desvió la atención hacia la guardería y se ignoró que el fuego inició en una oficina del Gobierno.

"Los padres y la sociedad empiezan a ver como culpables de la tragedia a los propietarios y ya no al Gobierno del Estado, ahí cambió la percepción", comentó Gómez.

Fue entonces cuando inició el proceso contra la socia-propietaria, Sandra Lucía Téllez, y el miembro del consejo de administración, Antonio Salido Suárez, quienes fueron sentenciados el pasado 13 de mayo a 28 años de prisión por homicidio y lesiones culposas.

El pasado 30 de agosto, la organización Manos Unidas presentó ante la PGR una denuncia contra el ex Gobernador Eduardo Bours y el ex Procurador estatal Abel Murrieta, por falsificación de documentos.

En entrevista, el abogado de la organización, Gabriel Alvarado, explicó que ambos tenían a su cargo la investigación del incendio, por lo que serían responsables de delitos en contra de la administración de justicia por la alteración del lugar de los hechos y la falsificación de documentos.

"Este oficio fue utilizado únicamente y exclusivamente como para que se fincara o inculpara al personal del IMSS", acusó Alvarado.

"El Procurador Abel Murrieta hacía ver que todo el peso de la tragedia debía de recaer sobre el personal del Instituto (Mexicano del Seguro Social) y de los socios propietarios, y dejaba de lado todo lo que tuviera que ver con el Estado".

Por el caso también se condenaron a otros 17 implicados, entre ellos funcionarios del Gobierno estatal y municipal, así como autoridades de la...

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