Falla IFE al vigilar partidos
| Autor | Jorge Alcocer V. |
El escándalo desatado por la conducta del presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador Jorge Emilio González Martínez, de nueva cuenta ha puesto de manifiesto la debilidad de las normas legales y los procedimientos de que disponen las autoridades para prevenir y sancionar conductas ilegales, o contrarias a toda ética de los partidos, sus dirigentes y/o legisladores. Mientras que tratándose de los servidores públicos se cuenta con un amplio arsenal de normas legales e instituciones con vasta experiencia en su aplicación, la vigilancia y fiscalización de los partidos y sus dirigentes adolece de severas limitaciones y deficiencias que conducen a que conductas que rayan en delito, como la protagonizada por el dirigente nacional del PVEM, queden impunes.
El caso del Partido Verde es, si cabe, aun más escandaloso por tratarse de una organización que, desde su origen, fue objeto de señalamientos públicos por el respaldo que recibió para alcanzar registro legal; por la configuración nepotista y arbitraria de su dirección nacional; por el manejo poco claro de los recursos que ha recibido del erario y, en años más recientes, por la puesta en práctica de alianzas marcadas por la conveniencia y el oportunismo, sobre esto último, cabe anotarlo, el PVEM no ha hecho sino llevar al extremo conductas seguidas por otros partidos.
En la historia de los partidos políticos, el PVEM no es el primer caso en el que los dirigentes exhiben prácticas corruptas, toleradas por la autoridad; baste recordar al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y al Partido Socialista de los Trabajadores (PST), cuyos dirigentes se vieron envueltos en acusaciones de malversación de recursos sin que nadie fuese investigado ni sancionado. Lo que hace singular el caso del Verde, al igual que el del ahora extinto Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), es que los hechos denunciados ocurrieron siendo el Instituto Federal Electoral (IFE) un organismo sin el influjo del gobierno.
Tampoco es el del Verde el primer caso, aunque esperemos que sea el último, de un partido creado en función directa de intereses gubernamentales. Desde su origen diversas voces señalaron que detrás del registro legal otorgado al PVEM, el 28 de febrero de 1991, se encontraba el entonces regente del Distrito Federal. En enero de aquel año el Consejo General del IFE, todavía presidido por el secretario de Gobernación, negó el registro al PVEM, pero el Tribunal Federal Electoral revocó la decisión.
Sin embargo, el PVEM tuvo que esperar tres elecciones para obtener el derecho a estar representado en el Congreso de la Unión; aunque desde 1994 colocó representantes en la Asamblea del Distrito Federal, fue hasta 1997 que logró, por sí mismo, el porcentaje de votos necesario para obtener el primer senador de representación proporcional y seis diputados por la misma vía, formando su primer grupo parlamentario, encabezado por el hijo de su fundador, quien de inmediato se sumó al bloque opositor durante la primera legislatura federal sin mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados (1997-2000).
A partir de entonces el PVEM se convirtió en aliado apetecible, a tal grado que para las elecciones federales de 2000 los tres partidos de mayor peso disputaron sus favores. Fue el PAN quien pagó el precio en que su dueño tasó el respaldo electoral del Verde: 6 senadores, 15 diputados federales y el 5 por ciento de los votos de la coalición total Alianza por el Cambio; en contrapartida, el PVEM aportó para la campaña de Vicente Fox la totalidad de su financiamiento público de campaña, 117 millones de pesos.
Como se recuerda, la alianza entre verdes y azules duró muy poco. Al...
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