'Explotan' los capos la Ley de Amparo
| Autor | Abel Barajas |
EL NORTE / México
MÉXICO.- Los capos del narcotráfico presos en La Palma buscaron aprovechar la Ley de Amparo para revertir las medidas de seguridad y obtener privilegios en prisión.
Sin embargo, de las 38 demandas que interpusieron desde el último trimestre del 2003 a la fecha 11 de los reos de mayor peligrosidad, el 65 por ciento fueron desechadas por los jueces por considerarlas improcedentes.
Si bien los capos obtuvieron suspensiones provisionales para frenar actos del Consejo Técnico del penal que les afectaban -y que los jueces tienen que dar por ley-, hasta ahora ninguno de ellos ganó una sentencia definitiva de amparo.
La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) detectó que los principales capos empezaron a interponer amparos -en bloque y contra los mismos actos de autoridad-, después de que arribara al penal Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, detenido el 14 de marzo del 2003.
Benjamín Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana, promovió desde entonces nueve amparos contra actos que consideró "prohibidos", mientras que Cárdenas Guillén presentó ocho demandas similares, durante el mismo periodo.
Un documento de la SSP federal, del que EL NORTE posee una copia, revela que las demandas de amparo se enfocaron en contrarrestar las medidas de disciplina, impedir órdenes de traslado a otro penal, cancelar "ilegalidades" del reglamento interno e impedir cambios de celda.
Quienes han autorizado las suspensiones son María de Lourdes Lozano, Justino Gallegos, Mario Oscar Lugo y José Antonio Rodríguez, todos ellos jueces en materia de amparo y de juicios civiles federales, con sede en Toluca.
El Gobierno federal detectó que los reos que se han visto beneficiados con estas suspensiones son los principales instigadores del desorden y la corrupción en el penal de La Palma.
Arellano logró a principios de mes suspender cualquier intento de la SSP federal para trasladarlo a otro penal, igual que Cárdenas Guillén, quien también presentó amparos contra la "ilegalidad" del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.
En los últimos 15 meses, el narcotraficante Arturo Martínez Herrera "El Texas" solicitó cinco amparos, tres de ellos contra órdenes de traslado y dos contra presuntos actos prohibidos en el interior del penal. Tres de las demandas fueron canceladas, pero en dos obtuvo la suspensión.
Todos los recursos de "El Texas" los promovió el abogado Leonardo Oceguera, quien fue ejecutado el pasado 20 de enero en Toluca.
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