Eduardo R. Huchim / Los spots de la impunidad

AutorEduardo R. Huchim

Ante las resoluciones escandalosas que recientemente han tomado las autoridades electorales federales, conviene poner en ellas el foco de la atención pública. Es celebrable por ello que el caso de los spots sobre el Quinto Informe del Gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, ocupara buena parte del seminario "Instituciones electorales a debate", realizado recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la coordinación de John Ackerman y Lorenzo Córdova.

Varios de los especialistas que participaron en el seminario censuraron con distintos argumentos y en diferentes tonos la actuación, en ese caso, de las dos instituciones electorales que otrora fueron garantes de la evolución democrática de México. Las excepciones al rechazo general fueron Manuel González Oropeza y Enrique Ochoa Reza, magistrado y funcionario del TEPJF, respectivamente. En el seminario también participó el magistrado Flavio Galván Rivera, pero lo hizo para presentar el libro "Elecciones 2012: en busca de la equidad y legalidad", coordinado por Ackerman.

Aunque no convenció a los ponentes, Ochoa Reza presentó una defensa del fallo del tribunal que por su calidad (de la exposición, no del fallo) merecía una mejor causa. Conviene recordar sucintamente el caso: Peña Nieto fue acusado por el PAN (luego se sumaría el PRD) por violaciones a la legislación electoral al difundir en todo el país (con excepción del estado de Tlaxcala) más de 3 mil spots (impactos) sobre su Quinto Informe de Gobierno.

Ese tipo de mensajes es una excepción (artículo 228 del Cofipe) a la prohibición de la propaganda personalizada, contenida en el artículo 134 constitucional, una excepción que -desde mi perspectiva- está en disonancia con la Constitución, a pesar de sus restricciones. Una de éstas prescribe que esa propaganda debe limitarse al "ámbito geográfico de que se trate" y como los spots de Peña Nieto se difundieron fuera del Estado de México, la violación a la ley fue clara.

Después de un ir y venir del asunto entre el IFE -que en principio alegó no tener competencia- y el TEPJF -que le ordenó conocer del asunto-, la Sala Superior del Tribunal determinó que el Gobernador no tenía responsabilidad porque las generosas televisoras habían difundido los mencionados mensajes sin que esto hubiera sido ordenado por el Gobernador ni nadie de su Gobierno. En una decisión dividida, el tribunal exoneró a Peña Nieto, pero le ordenó al IFE que fijara las sanciones respectivas a la...

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