Disparan APPs costo de las obras públicas

AutorAlfredo González

Aunque se han popularizado entre los Gobiernos estatal y municipales como una herramienta novedosa para hacer obra pública, la realidad es que las Asociaciones Público Privadas (APPs) resultan -en la mayoría de los casos- con costos más altos para el erario, en comparación con otros esquemas, como los créditos con instituciones financieras.

En Nuevo León, el Gobierno estatal de Natividad González Parás estrenó este esquema con la cuestionada Torre Administrativa y ahora es el municipio de San Pedro el que lo usa para su cuartel de seguridad de Valle Oriente.

En este caso, utilizar una APP para el cuartel implica que San Pedro pagará 116 por ciento más que si hubiera recurrido a un crédito de la banca comercial.

Marco Antonio Pérez Valtier, socio de la Consultora Pérez Góngora y Asociados, criticó que en la entidad se usen las APPs para cualquier proyecto, incluso, sin recibir un ingreso para que pueda pagarse.

Recalcó que la Ley estatal que regula las APPs está mal hecha y los entes optan por este esquema para evitar el costo político por nueva deuda, pese a que sea mayor el costo financiero.

"Aquí en Nuevo León les permitieron todo", dijo, "pues hasta pueden hacer bacheo (con APP).

"Por sacarle la vuelta al Congreso o por no comprometer participaciones o buscar no pagar un costo político", agregó, "van a pagar un costo económico (con la APP)".

Expertos coincidieron en que estos esquemas han sido mal utilizados en el Estado.

El principal caso es el de la Torre Administrativa, por la que el Estado pagará 2 mil 607 millones de pesos a un plazo de 24 años y 10 meses, sin contar la inflación, el mantenimiento y equipamiento del edificio, y poco más de mil millones de pesos que inyectaron al proyecto, pese a que fue anunciado como llave en mano.

En San Pedro, por ejemplo, la APP con la que se financió el cuartel policial del municipio en Valle Oriente implica gastar 116 por ciento más de lo que hubiera costado un crédito bancario común y corriente.

El contrato de la APP entre el municipio y una subsidiaria de la Constructora Garza Ponce firmado en agosto del 2012, en la gestión de Mauricio Fernández, establece un arrendamiento por 15 años del cuartel en el que la constructora invirtió 123.2 millones de pesos.

Al terminar el plazo, el edificio pasará a ser propiedad de San Pedro.

La renta total...

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