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Declaran improcedente consulta sobre el Río

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Vincent
AutorPerla Martínez

Por unanimidad, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente la consulta popular solicitada por Samuel García sobre el proyecto Constitución-Morones Prieto, en las márgenes del Río Santa Catarina.

El candidato al Senador por Movimiento Ciudadano promovió la consulta para que el día de la elección, el 1 de julio, se le preguntara a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que los municipios de Monterrey y San Pedro gestionaran el desarrollo del proyecto sustentable Constitución-Morones Prieto.

Uno de los argumentos para la revocación es que fue presentada por un dirigente de partido, como lo es García de MC, cuando esta herramienta de consulta que establece la Ley de Participación Ciudadana busca estimular que la gente se involucre en los temas de la comunidad.

"Esta Sala Regional considera que la solicitud de consulta popular en estudio tiene un vicio de origen", establece el resolutivo, "debió declararse improcedente al ser presentada por un dirigente partidista, el cual, conforme a la ley, no tiene legitimación con tal carácter, para presentar una solicitud de consulta a nombre de un partido político".

El 26 de febrero, la Comisión Estatal Electoral aprobó la solicitud de consulta, pero el PRI promovió un recurso en contra del acuerdo, el 29 de marzo.

En entrevista, García lamentó ayer la resolución y dijo que analizan presentar el recurso de inconformidad o desistirse de la solicitud de consulta.

"El PRI fue quien dejó congelado 15 años el tema de la Ley de Participación Ciudadana y hoy que está vigente son ellos que buscan que no se den los mecanismos como esta consulta popular", expuso.

"Estamos haciendo una reflexión muy importante, hay mucha confusión, mucha desinformación porque mucha gente cree que es para el Río Santa Catarina".

García señaló que la intención de la consulta era arreglar los carriles de Constitución y Morones Prieto, y dar prioridad a la movilidad sustentable en las mismas, para que en un futuro, las líneas del Metro o BRT tuvieran preferencia sobre los automóviles.

A partir de la notificación, dijo, tiene cuatro días para impugnar la resolución.

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