La cruzada de Ernesto
| Autor | Daniel de la Fuente |
En el amanecer de los 80, Ernesto Canales Santos trabajaba en el área jurídica de Alfa cuando se enteró de que un ejecutivo de una tienda en el DF había sido encarcelado injustamente por un problema con su empleada doméstica.
Tras meses de prisión, le contaron a Ernesto, quien ahora lo evoca, el directivo salió regañando a sus abogados.
"¡No es posible que ustedes coman de esta profesión y convivan con lo que sucede en materia penal!", los reprendió al conocer el alto porcentaje de inocentes en la cárcel o por delitos menores y que no pueden salir por falta de dinero.
"¡Es un asco lo que se vive ahí, un infierno!", dijo e instó a los abogados a crear una asociación en la capital que ayudara a esa masa anónima que no vislumbra esperanza. Así nació Reintegra, organismo pionero.
Esa anécdota dejó huella en Ernesto, por lo que años después, ya fuera del conglomerado industrial, convenció a amigos abogados de otras empresas de hacer lo mismo en Monterrey.
"Nos enfocamos en reos de bajos recursos que fueran víctimas de una injusticia", dice Ernesto y, pronuncia, "los más jodidos", sin dejar de mover una pluma sobre un bloc de notas mientras da algunos tragos a su descafeinado. Es la sala de juntas de su despacho, en lo alto de un edificio de Valle Oriente.
"La idea era ayudar a aquellos que estuvieran inmersos en la peor combinación: un sistema con la corrupción del nuestro, sin dinero y con una injusticia enfrente. Es la muerte civil".
Llamaron Renace a esa intención puesta en marcha aquí, en 1994. Contrataron a un psicólogo, consiguieron prestada una oficina y enviaron a estudiantes de derecho y de psicología a buscar casos de injusticia en cárceles.
Las noticias no tardaron: aquello era una realidad atroz.
"Soy abogado, sabía que mi profesión en México da esto y más", advierte Ernesto. Su año de nacimiento, 1940, no se adivina en su rostro de mirada severa, contrario a su bonhomía, a excepción de su cabello blanco y sus abundantes cejas.
Uno de sus primeros casos fue el de un viudo con una prótesis de palo que solía beber cerveza en una cantina, en la cual un día se desató una riña que arrojó un muerto. El hombre fue acusado de asesinato por un ministerio público que no sólo ignoró lo de la prótesis, sino también que tenía 74 años y que no conocía a los rijosos.
Con ese dictamen, el juez sentenció a 14 años a aquel inocente sin antecedentes penales. Otras historias que llegaron fueron la de aquel al que la autoridad envió a la cárcel por...
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