Congela Congreso el Caso Madero

AutorMirna Ramos

El carácter de urgente con que el Congreso local turnó a comisiones la solicitud de desafuero interpuesta por Red Cívica en contra del Alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, fue sólo de palabra.

Al menos así lo demuestra el hecho de que a un mes de planteado el asunto en el Legislativo del Estado, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública no registre avance alguno.

Lejos de iniciar el análisis de la denuncia presentada contra el Alcalde por prorrogar sin permiso del Cabildo la explotación publicitaria de puentes peatonales, la comisión ahora busca que el caso primero sea estudiado por el Ministerio Público.

Hernán García Corral, abogado de Red Cívica -organismo que da seguimiento legal a las evidencias de irregularidades en el Gobierno-, señaló que el Congreso busca trasladar su responsabilidad al solicitarles que denuncien el caso ante la Procuraduría estatal.

El litigante consideró que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier ciudadano puede recurrir al Congreso y éste tiene la obligación de atender su denuncia, independientemente de que exista o no una querella ante una Agencia del Ministerio Público.

"El Congreso básicamente en este momento está omitiendo actuar y está trasladando su responsabilidad a otro órgano de Gobierno, como es el Ejecutivo, que es quien tiene a su cargo a la Procuraduría", señaló.

"Pero no es requisito que se presente una denuncia o querella penal en contra del funcionario público. El Artículo 13 es muy claro. La Ley de Responsabilidades lo único que se requiere es que un ciudadano haga la solicitud de procedencia bajo protesta de decir verdad y con pruebas que fundamenten su dicho".

El 26 de septiembre, Red Cívica presentó ante el Congreso un recurso para tratar de que se proceda penalmente contra el funcionario municipal.

En su denuncia, que de prosperar provocaría el desafuero de Madero para que responda ante el Ministerio Público, el órgano ciudadano asegura que el Alcalde incurrió en irregularidades en la renovación de contratos para la explotación publicitaria de puentes peatonales, considerados patrimonio municipal.

El Municipio argumentó que los contratos cuestionados fueron renovados un día antes de que los puentes, construidos por la empresa Publitop, pasaran en automático al patrimonio oficial, pero al menos cuatro de las estructuras ya eran municipales y no fueron construidas por la compañía.

En esos casos, según la propia interpretación del jurídico...

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