Sobreaviso/ Ciudadanía robada
| Autor | René Delgado |
Entre las muchas ilusiones que generó la alternancia en el poder, una que se diluye a pasos agigantados es aquella que suponía que ser ciudadano sería más fácil. No hay tal, ser ciudadano es cada vez más difícil.
El Gobierno -federal o local-, la burocracia, el Poder Legislativo y los partidos están encareciendo demasiado el deseo de la población de adquirir una condición ciudadana con obligaciones y derechos.
Por incapacidad, por impericia, por perversidad, por abuso y por indiferencia esas instituciones e instancias del Estado le están complicando exageradamente la vida a la sociedad. Le recortan los derechos ciudadanos, le sofistican las obligaciones, le pervierten su participación y le agrandan la incertidumbre sobre el rumbo que lleva el país.
Cada una de esas instituciones e instancias se empeña en ponerle piedritas a quienes quieren reconocerse como ciudadanos en un Estado de derecho. Se fascinan en cargarle la mano a la población porque, en una primera impresión, la gleba les rinde frutos. Por el sendero donde camina el cambio y la alternancia, todo indica que esas instancias e instituciones quieren siervos, no ciudadanos.
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Los gobiernos juegan a mostrarse cada vez más eficientes, transparentes y abiertos, sin embargo, como no asumen seriamente esa decisión, se enredan en los hilos de una subcultura que alejó al Gobierno de la ciudadanía y, ahora, aún cuando dicen estar más cerca, se alejan más.
Ejemplos concretos sobran. Incapaz de garantizarle a la ciudadanía la seguridad en el patrimonio vehicular, el Gobierno zedillista rediseñó pésimamente el registro federal de vehículos para, supuestamente, marcarle el alto a la industria del robo de autos. Tan mal diseñó el programa que, al frente del registro concesionado, puso a un criminal a punto ahora de ser extraditado. Y, en el colmo del cinismo, el ciudadano no sólo tuvo que hacer y pagar el trámite del registro sino también cargar con la indemnización que generosamente se entregó a la empresa concesionaria del registro. De un doble fraude por parte del Gobierno, fue objeto el ciudadano. Sólo el torturador -pero por motivos distintos al del registro- fue a dar a la cárcel. ¿Qué fue de los socios del sector público y privado de ese gran negocio?
Ahí no paró el asunto, como aquello no funcionó se le pidió al ciudadano un esfuercito más: sujetarse al programa de reemplacamiento de su vehículo. Trámites de nuevo, pilas de papeles, facturas, credenciales, presentación del vehículo bajo...
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