Carmen Aristegui F. / Las pensiones
| Autor | Carmen Aristegui F. |
El más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la privatización de las pensiones en América Latina y algunos países de Europa del Este es francamente estremecedor.
Es el vivo retrato de un error de grandes dimensiones, cuyos impactos se expanden tanto a las economías de los países como a franjas enteras de la población.
Los expertos de la OIT documentan la incapacidad de los sistemas privatizados para dotar de seguridad real, en materia de ingresos, a las personas de edad avanzada y en estado de jubilación.
Lo que ha prevalecido en estos últimos 30 años han sido los bajos rendimientos y cobertura y prestaciones insuficientes. También el costo de administración elevadísimo, que resultó mucho más caro de lo que se esperaba. Las promesas de mejores rendimientos y seguridad simple y sencillamente no se cumplieron.
Entre 1981 y 2014, periodo en el cual decenas de países permutaron sus sistemas de pensión, éstos tuvieron que pagar altos costos administrativos y fiscales para realizar la migración que rebasaron por mucho lo que se calculó por parte de los organismos internacionales que promovieron la privatización.
No sólo fue mucho más caro de lo que se creía y duró más tiempo de lo que originalmente se había calculado: cuando aún no terminaba de pagarse el costo de la transición, la mayoría de los países que privatizaron decidieron echar reversa.
Dice la OIT que el 60 por ciento de los países que privatizaron han revertido el modelo y están en una nueva etapa para intentar resarcir el daño causado a millones de pensionados. Se trata también de frenar el deterioro causado por el experimento. La palabra que usa la OIT para definir el proceso es, simple y llanamente, fracaso.
Para el año pasado eran 18 los países que dieron "vuelta en U" para revertir los esquemas de privatización. La OIT resume las razones: "las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron (México tenía en 1996 una cobertura de por sí baja de 37 por ciento; en el 2004, años después, había bajado a 30 por ciento); las prestaciones de las pensiones se deterioraron y la desigualdad de género y de ingresos se agravó, lo que despojó a la privatización de apoyo popular. El riesgo de las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a las personas físicas. Los costos administrativos aumentaron, reduciendo los beneficios de las pensiones. Los altos costos de la transición -a menudo subestimados- generaron grandes presiones fiscales".
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