Carmen Aristegui F. / Militarización

AutorCarmen Aristegui F.

La dominancia del Covid-19, como tema informativo, hizo que un asunto de la mayor importancia para México no haya sido discutido como se debería: la militarización de la seguridad pública en México.

El tema ha generado por años los más intensos debates hasta el punto de tener la ley que hoy tenemos. Con esa ley, el presidente de la República ordenó a la Fuerza Armada permanente realizar funciones de seguridad pública.

La ley dice que la actuación militar estará supeditada a la Guardia Nacional, algo que es difícil de creer, básicamente porque la Guardia está conformada también por militares.

El Presidente tiene la facultad de hacer lo que hizo, pero sin discusión pública sobre las razones por las cuales hizo valer esa posibilidad, en medio de una pandemia y con un debate apagado por el confinamiento y el debilitamiento de los propios actores políticos.

Estamos, sí, en una situación extraordinaria, pero por razones sanitarias, tal como quedó asentado en el decreto de emergencia sanitaria por Covid-19. Sin embargo, no hay una declaratoria oficial de emergencia económica -aunque factualmente hay materia de sobra para reconocerla a simple vista- por las implicaciones legales que esto traería.

¿Cuáles fueron las consideraciones jurídicas, estadísticas o de algún otro tipo que se tuvieron para determinar una situación "extraordinaria" en materia de seguridad pública para que se diera la orden de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública?

¿Cómo se va a garantizar la supeditación del Ejército a un órgano presuntamente civil, pero que en realidad está también conformado por militares como es la Guardia Nacional?

¿Cuáles van a ser los mecanismos de fiscalización para que la actuación de los militares realmente se mantenga en los márgenes del respeto a los derechos humanos?

En enero de 2019, el debate llevó a una definición más nítida en materia de temporalidad y de condicionamiento para la actuación de la Guardia Nacional y las Fuerza Armadas.

Se acallaron las voces críticas, diciendo que no podría recurrirse a las Fuerzas Armadas por más de cinco años, y en caso de ocurrir tendría que ser de "manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública".

Para apagar más las voces que alertaban sobre legalización de la...

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