Carmen Aristegui F. / Menos derechos, más opacidad

AutorCarmen Aristegui F.

El Gobierno de Felipe Calderón acaba de echar a andar, a través de la PGR, dos acciones legales a cual más de lamentables y perniciosas en caso de que prosperen.

Esperado era que se utilizara al Ministerio Público federal para intentar echar abajo la reciente legislación sobre derechos de los homosexuales. La PGR impugnó ante la Corte la ley que permite matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo. Argumenta que las reformas al Código Civil para el Distrito Federal violan la Constitución y trastocan el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia, entre otras cosas.

Hay en el fondo una concepción conservadora y religiosa, alejada del conocimiento científico que existe en la materia, para impugnar los avances en favor de los derechos de los homosexuales. El asunto, por cierto, le dio oportunidad al nuevo ombudsman nacional para sacudirse el fantasma de su antecesor, José Luis Soberanes, al decidir no interponer una acción similar ante la Corte, considerando, después de analizarlo jurídicamente que: "... debe garantizarse el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas, sin distinción alguna". Bien por él. Veremos qué dice la Corte, que vuelve a tener la palabra en temas de esta naturaleza.

El otro asunto es gravísimo y vergonzoso. Se pretende, como lo informó El Universal, que la Corte valide una reforma aprobada en Campeche que afecta seriamente la transparencia y el acceso a la información. Con ello se pretende tomar vuelo para impulsar una reforma mayor que el Gobierno federal se trae entre manos en el mismo sentido.

La reforma campechana permite a todos los órganos y dependencias públicas que no estén dispuestas a dar a conocer la información que la Comisión de Transparencia estatal haya ordenado entregar o difundir que puedan recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para que se pueda revertir esa orden. Un verdadero retroceso y una señal clara de los intentos para cerrar el paso a las exigencias ciudadanas de información pública.

Lo de Campeche es ominoso. Lo de ir a la Corte, usando lo de Campeche para hacer lo ominoso un asunto nacional, es casi un crimen en contra del IFAI. Ya de por sí fue una mala señal colocar en el Consejo del IFAI a quien fuera consejera de la Presidencia en seguridad nacional -materia que más se emparenta con el sigilo, la secrecía y el resguardo de información que con el impulso de abrir y transparentar. Ni se diga ignorar el llamado para promover una reforma...

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