Ana Laura Magaloni Kerpel / La brecha insalvable
| Autor | Ana Laura Magaloni Kerpel |
"Se detienen a presuntos delincuentes, tardan tres días, cinco días y quedan libres, y el argumento o la excusa es que no estaban integradas bien las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie para que un juez deje en libertad al presunto delincuente, que sale hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad", dijo AMLO en su conferencia matutina del 12 de marzo.
Suena conocido el argumento. Eso mismo afirmaba el ex Presidente Felipe Calderón. Y es verdad, la corrupción judicial forma parte de la debilidad del Estado mexicano para hacer frente a la crisis de violencia que vivimos. Sin embargo, sólo ver la corrupción judicial es un error. Hay que entender la fotografía completa de lo que estamos viviendo.
Una parte importante del problema radica en el conjunto de negligencias, errores y falta de voluntad política que existieron durante la implementación del sistema penal acusatorio.
Recordemos que en 2008 se aprobó la reforma constitucional en esta materia. La Constitución estableció un lapso de ocho años para que todas las entidades federativas y el Gobierno federal implementaran la reforma.
Esa reforma tenía muchos propósitos. Uno muy importante era profesionalizar el trabajo de las Procuradurías a través de elevar los controles judiciales a su actuación, así como la calidad de la evidencia aportada en el juicio.
La apuesta era terminar con la tortura y la fabricación de pruebas y lograr que el sistema de persecución criminal comenzara, por primera vez en su historia, a desarrollar verdaderas capacidades de investigación y acusación.
No obstante, la reforma penal nació herida de muerte. El Presidente Calderón no creía en ella. Su aprobación fue una carta de cambio para que el PRI aprobara su reforma en materia de seguridad.
El plazo de ocho años le dio margen para meter en el cajón la reforma penal, la cual quedó huérfana y marginada en términos políticos. Cuando llegó Peña Nieto al poder, quedaban poco más de tres años para la implementación de la reforma en todo el país. Era una tarea imposible de alcanzar.
Chile, con una quinta parte de la población, con una buena Policía, sin un sistema federal y con desafíos mucho menores a los de México en materia de seguridad, se había tardado siete años en implementar una reforma similar en todo su territorio.
En ese escenario, lo que debería haber hecho Peña Nieto -y se les dijo a sus asesores- era implementar la reforma penal a profundidad en tres o...
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