Alejandra Rangel / Golpe de pluma - 26 de Enero de 2019 - Norte - Monterrey - Noticias - VLEX 759241393

Alejandra Rangel / Golpe de pluma

Autor:Alejandra Rangel
 
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En 1995, durante el Gobierno de Sócrates Rizzo y con la visión de Mentor Tijerina como Secretario de Desarrollo Social, el Estado organizó una consulta a la comunidad artística e intelectual con el objetivo de proponer una reforma a la organización y apoyos otorgados a las manifestaciones culturales.

Tras estas consultas se creó por consenso un organismo público descentralizado llamado Consejo para la Cultura de Nuevo León.

El fin era darle a ese organismo personalidad jurídica y patrimonio propio, y la libertad para planear, ejecutar y evaluar las políticas culturales para la entidad. Todo ello asentado en una ley votada en el Congreso, por mayoría, cuyos objetivos serían justamente elaborar, ejecutar y evaluar las políticas culturales acentuando nuestras costumbres, tradiciones y valores.

Se trataba de un proyecto plural, democrático y participativo que ofreciera programas de financiamiento a las actividades culturales, propusiera directrices en materia de educación artística, fomentara y coordinara las relaciones con la Federación, los Estados, municipios y con instituciones públicas y privadas, entre otras.

La integración del Consejo, que me tocó presidir desde su creación y hasta el 2001, se hizo con personalidades de reconocida presencia en la cultura, promotores, académicos, directores de radio y televisión Estatal, el Secretario de Educación y 10 representantes de la comunidad artística y sus distintas disciplinas.

Los vocales representantes de las artes serían elegidos democráticamente por los artistas de cada disciplina y durarían en su cargo tres años.

Las decisiones del Consejo se tomarían por mayoría de votos entre los miembros presentes en las reuniones, y en caso de empate el presidente tendría un voto de calidad. Éstas eran en general las atribuciones que por ley tendría el Consejo para la Cultura.

A la luz de esta perspectiva, diríamos que la comunidad artística e intelectual ha ido permitiendo que las autoridades intervengan autoritariamente, sin respetar algunos derechos del organismo a lo largo del tiempo.

La primera señal fue haber cambiado la sede de la casa del Obispado, un lugar bello y espacioso, para ubicarlo en el Palacio Federal. Un amplio edificio con el suficiente espacio para tener una librería y una galería de arte.

Sin embargo, ese cambio positivo pronto se canceló y los funcionarios...

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