Adolfo Aguilar Zinser/ Crimen en Serbia

AutorAdolfo Aguilar Zinser

En un momento crítico para la estabilidad internacional, cuando las tensiones aumentan en torno al tema de Iraq y pareciera que todos nuestros esfuerzos y atención se concentran en ello, de pronto ocurre un acontecimiento que nos hace ser conscientes de que vivimos en un mundo peligroso donde la paz es en diversos rincones sumamente frágil. El asesinato del Primer Ministro de Serbia, Zoran Djindjic, ocurrido el miércoles en Belgrado, víctima de una emboscada afuera de sus oficinas, amenaza con deteriorar la ya de por sí delicada estabilidad de los Balcanes.

Este lamentable acontecimiento ha evocado en muchos medios el asesinato en esa misma región, a principios del siglo pasado, del Archiduque de Austria Francisco Fernando en Sarajevo, que influyó irremediablemente en el destino del mundo y que precipitó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta analogía histórica muestra simplemente que vivimos en un mundo frágil, de tensiones constantes donde la paz es algo que debemos cuidar y resguardar ante adversidades inesperadas.

Djindjic fue pieza clave en el derrocamiento del Gobierno de Slobodan Milosevic y su posterior arresto y extradición a La Haya en junio del año 2001. Su asesinato pone en riesgo la democracia de Serbia y Montenegro, no sólo por ser un acto perpetrado contra un gobernante electo democráticamente, sino porque siendo Djindjic un articulador de la transición, su muerte rompe hilos y deja piezas sueltas en un frágil consenso. Además erosiona las posibilidades de implementar la tan urgente reforma democrática e institucional que necesita la nueva república y demuestra la inestable situación en la que ha quedado la vieja Yugoslavia.

Los efectos inmediatos de este suceso han dislocado ya seriamente la vida institucional y la concordia en ese país. En efecto, a pocas horas del asesinato de Djindjic, la Administración de Serbia y Montenegro, encabezada actualmente por la Presidenta interina Natasa Micic, declaró el estado de emergencia y confirió poderes extraordinarios a un grupo de trabajo con fuerte presencia militar. En este sentido, el Gobierno bloqueó las vías de comunicación, limitó a la prensa y le asignó al Ejército la tarea de seguridad pública normalmente ejercida por la Policía. Los militares, armados con ametralladoras, interceptan y revisan a los pasajeros en busca de pistas sobre el atentado. Estas medidas vulneran las garantías individuales y pudieran exacerbar la intensa confrontación social y étnica que subyace...

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