El ABC de la estafa

AutorRolando Herrera

MÉXICO.- Con la anuencia u omisión de la ex Secretaria Rosario Robles y la conducción intelectual del ex Oficial Mayor Emilia Zebadúa, un grupo de al menos 11 ex servidores públicos participaron en la maquinación del desfalco de 4 mil 73.3 millones de pesos cometido desde Sedesol y Sedatu.

De acuerdo con declaraciones contenidas en distintas investigaciones, no en todos los casos los involucrados tuvieron conocimiento del desfalco que se estaba realizando a través de universidades, entidades públicas y empresas fantasma.

El desvío de recursos comenzó a operar desde el 15 de febrero de 2013, cuando la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio por 21.1 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para que ésta instalara ventanillas de atención para el programa de adultos mayores.

A ese convenio se sumaron 24 más, el último firmado el 15 de diciembre de 2016, con otras 12 universidades y tecnológicos, así como tres sistemas de de radio y televisión de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Sonora.

El propósito de firmar convenios con las universidades y los centros estatales de radio y televisión fue evitar los procesos de licitación e intentar evadir la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios permite la contratación entre entes públicos siempre y cuando esté en capacidad de proveer lo solicitado sin subcontratar más del 49 por ciento de los trabajos a realizar.

Desde que la ASF comenzó a revisar estos convenios advirtió que había irregularidades, porque si bien estaban permitidos por la ley, no se ajustaban a lo establecido en la norma y las universidades no tenían la capacidad técnica ni de personal para cumplir con lo pactado.

Pese a ello, durante el paso de Robles y Zebadúa por la Sedesol y la Sedatu firmaron los convenios y asignaron contratos para proveer distintos servicios, entre los que están la instalación de módulos, la realización de conciertos de rock, la elaboración de estudios, la planeación de campañas de difusión y la elaboración de spots.

En febrero de 2015, al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2013, la ASF evidenció el esquema que se repetiría año con año: el pago millonario a universidades por la prestación de supuestos bienes y servicios, que en muchos de los casos no se realizaron, y la triangulación de la mayor parte de esos pagos a empresas fantasma.

"Se evidencian esquemas que...

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