Sergio Sarmiento / 10 de junio
| Autor | Sergio Sarmiento |
"La ley es la conciencia de la humanidad".
Concepción Arenal
El juez segundo de lo penal, José César Flores, canceló y sobreseyó este sábado 24 de julio el expediente 114/2004-I que consignó el fiscal especial para movimientos políticos y sociales del pasado, Ignacio Carrillo Prieto.
Hasta donde sabemos -y digo hasta donde sabemos, porque supuestamente las averiguaciones previas deben llevarse a cabo en secreto, por lo que el juez no dio a conocer los detalles de su decisión- se determinó que el cargo de genocidio presentado en contra del ex Presidente Luis Echeverría y 10 funcionarios de su gobierno prescribió el 10 de junio del 2001, o sea, 30 años exactamente después de que tuvo lugar la matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971.
Aparentemente, el juez añadió a su decisión el argumento de que el delito de genocidio, tal y como éste se encuentra hoy incluido en el Código Penal Federal en su artículo 149 bis y que entró en vigor en el 2002, no puede aplicarse de manera retroactiva a un delito cometido 33 años atrás. El juez determinó que esta aplicación retroactiva de la ley está prohibida por el artículo 14 de nuestra Constitución y sostuvo que, independientemente de los acuerdos internacionales que México pueda haber firmado, la Constitución sigue siendo la ley máxima en el territorio de nuestra nación.
El que el juez haya determinado prescrito el delito de genocidio, tal y como estaba vigente en nuestro país el 10 de junio de 1971, significa que en su análisis del expediente no se metió a ver los temas de fondo. En otras palabras, el juez no trató siquiera de determinar si hay pruebas que sugieran una responsabilidad probable de Echeverría y de otros funcionarios de su gobierno en los hechos del 10 de junio de 1971. No entró tampoco a determinar si las responsabilidades incurridas por los funcionarios en esa fecha pueden tipificarse realmente como genocidio.
Andrés Manuel López Obrador se apresuró a afirmar que la decisión del juez segundo de lo penal es producto de una "transa", de un arreglo con el gobierno del Presidente Vicente Fox. Su actitud ante cualquier decisión judicial hasta ahora es que es correcta si está acorde con sus puntos de vista, pero es producto de la deshonestidad de los jueces si no lo está.
Lo que conocemos de la decisión del juez José César Flores, sin embargo, parece sensato. Muchos juristas habían adelantado opiniones similares en las semanas previas a la consignación ya que, a base de las numerosas...
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