Rogelio Ríos Herrán / Trabajadores temporales
| Autor | Rogelio Ríos Herrán |
La primera impresión que tengo del Programa de Trabajadores Temporales presentado ayer por el Presidente George W. Bush es que se trata de un paquete compacto orientado al alivio de problemas específicos de los migrantes en el corto plazo, con la reserva de que falta su discusión y aprobación por parte del Congreso estadounidense.
El fomento al empleo temporal regulado por las autoridades estadounidenses (por medio de la tarjeta de empleo temporal que permita el "ir y venir", supuestamente sin complicaciones, de los migrantes a través de la frontera) busca revertir una tendencia que se observa con mayor agudeza en años recientes: la estadía en Estados Unidos de los trabajadores temporales se ha alargado como reacción a la mayor vigilancia sobre la frontera.
Wayne Cornelius, investigador del Centro de Estudios Comparados sobre Inmigración de la Universidad de California en San Diego, ha señalado que la estadía de trabajadores migrantes indocumentados se ha elevado de un promedio de 30 semanas en 1995 a las 70 semanas en promedio en el periodo 2001-2002. La estancia temporal de trabajadores documentados también se ha incrementado de 25 a 45 semanas promedio para las mismas fechas.
Después de una década de reforzamiento de la seguridad y la vigilancia en la frontera, fenómeno que antecedió a los sucesos del 11 de septiembre de 2001, uno de los efectos perniciosos para los migrantes indocumentados fue el aumento en el riesgo de ser arrestados si cruzaban con frecuencia la línea fronteriza, ante lo cual optaron por permanecer más tiempo en territorio norteamericano, alejados de sus familias.
Considerando la estancia temporal indocumentada y la documentada, el efecto en su conjunto ha sido el de tener más tiempo a los trabajadores temporales en Estados Unidos, con la mayor responsabilidad que ello implica para el Gobierno estadounidense en términos de seguridad, política económica y social.
El énfasis puesto por el Presidente Bush sobre la necesidad de que los patrones norteamericanos cumplan su parte del programa y se apeguen a las leyes laborales de su país, se enfoca a revertir una peligrosa tendencia a la baja en lo que a las sanciones contra empleadores de indocumentados respecta.
El mismo profesor Cornelius señala que, en 1990, los empleadores multados por contratar mano de obra sin papeles fueron 14 mil 311 personas; en 1998, 7 mil 115 personas; y en el año 2000, la dramática cifra de 178 personas.
Respecto a los trabajadores...
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