Reprochan muerte de civiles
| Autor | Daniela Rea |
MÉXICO.- México registró en 2010 la cifra más elevada de muertes violentas de los últimos años y que no han sido investigadas a cabalidad, señaló ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.
Al presentar su primer informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, adelantó que el organismo elabora un reporte detallado sobre las circunstancias en las que perdieron la vida el año pasado alrededor de 15 mil personas en hechos relacionados con la delincuencia organizada y el combate a la misma.
Indicó que la CNDH tiene documentados 111 caso de civiles inocentes que murieron durante enfrentamientos u operativos.
"En su momento, seguramente podremos dar a conocer la radiografía del resto de los casos que también ameritan una investigación por parte de las autoridades para detener a los responsables de estas privaciones de la vida", apuntó.
El Ombudsman remarcó que la necesidad de combatir a la delincuencia organizada no puede ser un pretexto para atentar contra garantías básicas de la población.
"La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos", señaló.
Plascencia reprochó la falta de disposición de algunas dependencias para atender las recomendaciones de la CNDH, como sucedió recientemente en el caso de la Secretaría de Marina.
"Es lamentable el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos; como si el quebrantamiento del Estado de Derecho garantizara un mejor futuro para el país. Varias de nuestras autoridades todavía encuentran dificultades para una inmediata aceptación de las recomendaciones", expuso.
"Instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública".
Reportó que las dependencias más señaladas por violentar los derechos humanos en 2010 fueron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad Pública (SSP) y de Marina (Semar), seguidas por el IMSS, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Las dependencias que no aceptaron recomendaciones de la CNDH, detalló, fueron la Semar, la SSP, Pemex, la Comisión Nacional del Agua, así como los gobiernos de Chihuahua y San Luis Potosí y los congresos locales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
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