Refuerzan el combate contra secuestro
| Autor | Octavio Pineda y Alejandro Pairone |
EL NORTE/ Colombia y Argentina
BOGOTÁ.- La lucha contra el secuestro y la extorsión en América Latina se ha trasladado al terreno jurídico con decretos y reformas de ley que tienen como finalidad dotar al Estado de herramientas para combatir ambos flagelos con más fuerza.
Estas iniciativas buscan además aliviar el drama de quienes son víctimas del secuestro y la extorsión y de sus familias, sobre todo en las naciones más golpeadas, como Colombia, México, Argentina o Venezuela.
Argentina
Plan estratégico
Tras la conmoción social que produjo en abril pasado el plagio y posterior asesinato de Axel Blumberg, hijo de 20 años de edad del pequeño empresario textil Juan Carlos Blumberg, el Gobierno argentino envió al Parlamento un conjunto de medidas represivas y aplicó otras por vía administrativa.
El Gobierno recogió el guante al cabo de una movilización de más de 100 mil personas protagonizada por sectores de la clase media urbana que se solidarizaron con Blumberg y avalaron un pliego de demandas.
Llamado "Plan Estratégico de Seguridad", el programa elevó las penas mínimas y máximas por plagio de 5 a 8 años y de 20 a 30 años, respectivamente, e impuso la reclusión perpetua de cumplimiento efectivo para los secuestros seguidos de muerte.
Dispuso la creación de una Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que comandada por un civil reemplazará a la Policía Federal y tendrá un departamento especializado en secuestros. A su vez, un grupo de expertos trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo de procedimientos para las crisis de plagios.
Además de reducir la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años, el plan extendió la figura del "arrepentido" para los delitos de plagio, permite pagar recompensas por delación o información y busca perfeccionar el programa de protección de testigos.
En materia judicial, dispone la creación de juicios rápidos de no más de cinco días para delitos pescados "in fraganti", una fórmula principalmente destinada para los llamados "secuestros exprés". También se endurecieron considerablemente las condiciones para conceder excarcelaciones para todo tipo de plagio.
Además, el Estado obligará a las empresas de telefonía celular a abrir un registro especial con datos personales de los propietarios de las líneas, y se prohibirá la reventa de aparatos usados o reciclados, habitualmente utilizados por los secuestradores.
Tras comprobarse estrechos vínculos entre la Policía y bandas de plagiarios, se fijó una pena especial de hasta...
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