Plaza Pública/ Una ley para el Poli

AutorMiguel Angel Granados Chapa

Hace ya medio año que en Los Pinos reposa el anteproyecto de ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, preparado en la comunidad de esa institución educativa. El Presidente Fox se había mostrado anuente a convertirlo en iniciativa formal suya y remitirlo al Congreso. Pero algo ocurrió y el documento permanece en la oficina del Ejecutivo. Es probable que intereses creados y celos administrativos hayan tenido suficiente influencia para modificar la buena disposición del Presidente hacia el Politécnico, al que él mismo, de modo espontáneo y cuando apenas tenía dos semanas en su cargo, ofreció la autonomía.

Esa parálisis ha generado tensiones en la complicada trama de las escuelas y centros politécnicos, pues la expectativa de cambios ha avivado el activismo de centros tradicionales de poder que resentirían los efectos de la nueva legislación. Se ha producido entonces, paradójicamente, una reacción sin la acción que la hubiera suscitado, lo que no favorece la estabilidad que debe ser el clima propio de una institución académica de la magnitud e importancia del Politécnico.

El anteproyecto de ley resultó de un vasto proceso de consulta. A través de una encuesta denominada "toma de opinión", que revistió varias modalidades, se conoció el parecer de los politécnicos. Con los resultados de esa consulta, una comisión ad hoc del Consejo general consultivo y la comisión revisora de proyectos legislativos prepararon un documento que, en una tercera etapa, fue aprobado por el Consejo general consultivo y entregado a la Presidencia de la República. Simultáneamente, para el enriquecimiento del debate correspondiente el IPN organizó foros, conferencias y reuniones que permitieron la recepción de experiencias foráneas al Politécnico para el mejor abordamiento de sus funciones. La efervescencia que esa movilización produjo no se vio coronada el año pasado con la promulgación de la ley, como se había supuesto que ocurriría.

Quizá una de las razones de la tardanza estriba en la innovación jurídica propuesta para definir el carácter del IPN. Se proyecta considerarlo como un órgano del Estado, a secas. Actualmente se le define como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, carácter que constriñe sus posibilidades de desarrollo. Ni siquiera le bastaría ser considerado como un órgano autónomo, así llamado explícitamente, sino que esa autonomía tendría que ser determinada respecto de sus funciones.

De esa caracterización se desprenden...

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