Plaza Pública/ Bernalejo
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Desidioso o provocador, el Gobernador de Durango Angel Sergio Guerrero Mier no había llegado, al comenzar la tarde del miércoles, a la Secretaría de Gobernación, solicitada por el Gobierno de Zacatecas para intervenir en un conflicto en que de un momento a otro puede estallar la violencia. Por lo tanto, el Gobierno federal no se decide a participar en la solución de un problema que tiene en riesgo la vida de 260 campesinos y aun las de miembros de corporaciones policiacas.
Se trata de un conflicto añejo, que en las dos semanas recientes ha adquirido perfiles de alta peligrosidad. El 20 de febrero un tribunal agrario declaró nulo un decreto de 23 de junio de 1997, por el que el presidente Zedillo, como máxima autoridad agraria, expropió las 5 mil 465 hectáreas de ejido de Bernalejo, en el municipio de Valparaíso, Zac., y dispuso que esa extensión se agregara a las más de 300 mil hectáreas de que ya dispone la comunidad de Santa María Ocotán, en el municipio de Mezquital, Dgo.
Los ejidatarios permanecieron en los terrenos afectados, y emprendieron el camino jurídico para revertir los efectos del decreto expropiatorio. Durante el lustro siguiente muchos de ellos han sido víctimas de vejaciones y amenazas de muerte, emitidas por los líderes de la comunidad tepehuana que blandieron durante todo ese lapso el decreto presidencial que les otorgó tierra de que se despojó a otros. Era tal el hostigamiento que en junio del año pasado el presidente del comisariado ejidal de Bernalejo, a quien acompañaron diputados locales y federales de varios partidos, acudió en queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estaba en curso la demanda de nulidad del decreto en un proceso que en su primera instancia llegó a su fin hace dos semanas. Ante la inminencia del fallo, cuya orientación se filtró a las partes, el 17 de febrero la comunidad de Santa María Ocotán emitió un ultimátum a los ejidatarios: salir de las tierras en litigio en un plazo de 10 días, o atenerse a las consecuencias.
Si bien la comunidad tepehuana, con apoyo del Gobierno de Durango, acordó impugnar el fallo agrario, para lo cual tiene abiertos varios caminos, también resolvió recurrir a la acción directa, en cumplimiento de la amenaza. En una primera fase, el sábado pasado unos 500 comuneros obturaron el paso en la única vía de acceso al centro de la población ejidal, donde viven 60 familias, el camino que une a Bernalejo con San Juan Capistrano. Al efecto, derribaron árboles de los...
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