Plaza Pública/ Autoridad de radio y televisión
| Autor | Miguel Angel Granados Chapa |
Con optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia participé ayer en la audiencia pública a que citó la subcomisión senatorial encargada de dictaminar la iniciativa que en diciembre pasado suscribieron exactamente la mitad de los 128 Senadores de la República. Esos legisladores hicieron suyo el anteproyecto de ley de radio y televisión preparado por grupos de la sociedad civil que convirtieron en acción propositiva la frustración que les provocó el golpe de mano del 10 de octubre.
En esa fecha, los líderes de los concesionarios de radio y televisión (que no son lo mismo que los concesionarios de radio y televisión), de la mano de la señora Marta Sahagún de Fox y con la aquiescencia activa de los Secretarios de Gobernación y de Hacienda modificaron, contra el interés público, el régimen legal de esos medios de difusión, incluyendo su normación fiscal específica. Dieron así al traste con el esfuerzo que decenas de asociaciones y personas habían desplegado durante meses y meses en pos de una convergencia de opiniones alrededor de un eje: imprimir sentido de desarrollo social a la legislación sobre radio y tv, periclitado que ha el modelo que privilegió su papel en el desarrollo económico. En respuesta a esa arbitrariedad, los participantes en la mesa de diálogo que sesionó en Gobernación resolvieron seguir solos y presentaron una propuesta de iniciativa, al mismo tiempo acabada y perfectible.
Dada la dedicación experta de quienes prepararon el anteproyecto, cabe ratificar el apoyo que su presentación y su contenido suscitó en la sociedad civil. Conviene también, sin embargo, formular reflexiones y propuestas adicionales, como la que ahora sigue, que concierne a la autoridad que debe regir la estructura y función de los medios electrónicos. En el documento ciudadano se plantea la ampliación de las funciones del Consejo nacional de radio y televisión, que existe de modo tenue en la legislación vigente. Sin embargo, se propone también conservar atribuciones en Secretarias de Estado, dependientes del Presidente de la República. En sentido contrario, opino que debe ser creado un órgano de autoridad que concentre las facultades de regulación de los medios, comenzando por el otorgamiento de las concesiones y permisos correspondientes.
La naturaleza jurídica de tal autoridad debe basarse en su cabal autonomía respecto del Ejecutivo. No hay que inventar nada, ni introducir innovaciones que perturben los legítimos intereses y los derechos...
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