Nombres, Nombres y... Nombres/ Los otros obstáculos para cerrar Atlántico-Bital

AutorAlberto Aguilar

TANTO POR PARTE del IPAB como de Secodam, afortunadamente parece haber la voluntad de cerrar el capítulo Atlántico-Bital con la celeridad que requiere el caso, dado el evidente riesgo que hay de afectar a ésta última institución, en la medida en que todas las decisiones de capitalización que se requieren se han venido posponiendo.

Pero le comentábamos ayer que hay unos 30 puntos que Secodam, de Francisco Barrio, cuestiona, no sólo del acuerdo marco que casi se tenía ya planchado con Bital, en el que el IPAB inyectaría 13 mil millones de pesos y Berrondo y los suyos otros 700 millones, sino inclusive de los términos en que se firmó el contrato entre Atlántico y Bital en 1997-1998 en las épocas del Fobraproa, de Javier Arrigunaga, y CNBV, de Eduardo Fernández. De ahí que le mencionáramos de una revisión del expediente, casi de principio.

Lo que sucede es que precisamente por una serie de indefiniciones jurídicas no se ha podido cerrar el expediente de Atlántico-Bital por parte del IPAB. Como se sabe, esta institución comenzó a operar en mayo de 1998. Una estructura muy delgada que obligó a seleccionar los expedientes prioritarios. Uno de ellos fue Serfín, ¿lo recuerda?

La verdad es que el asunto Atlántico-Bital parecía de rutina. De hecho, la negociación de Promex con Bancomer fue muy sencilla, puesto que tanto los contratos como la actitud de administrador que asumió el banco que dirigía entonces Ricardo Guajardo Touché fue impecable, a diferencia de Antonio del Valle y los suyos, que incluso cerraron oficinas y comenzaron una fusión, antes de que se realizaran los actos corporativos de cesión de derechos por parte de Alonso de Garay y los suyos.

Es tan evidente que Bital transgredió el mandato que se le dio, que inclusive hay una comisión pactada por administración mensual que a valor presente a tres años y medio de distancia significa 3 mil millones de pesos. El asunto está negociado y se descontaría de lo que le corresponde pagar a Berrondo y sus accionistas.

El dato ilustra la diversidad de aspectos controvertidos que hay y lo farragoso que resulta el determinar a los responsables del agujero que se requiere subsanar en Atlántico. Bital se ha defendido, lo mismo que el IPAB.

Pero en el fondo hay otro asunto que alertó a los comisarios del IPAB, a la sazón representantes de Secodam, Eduardo Romero y a su suplente, que es Carlos Arturo Aguirre. Tiene que ver con el propio contrato que se elaboró en su momento entre Fobaproa-Atlántico-Bital...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR