Miguel Reyes González / La otra guerra

AutorMiguel Reyes González

Uno de los propósitos de la reforma electoral, aprobada por los legisladores locales el año pasado, fue darles un mejor nivel a las campañas. Que las propuestas prevalecieran sobre las injurias.

Para ello se establecieron, en la Constitución del Estado y en la ley correspondiente, diversas obligaciones y prohibiciones a las que tienen que someterse candidatos y partidos. Entre las segundas está la de incurrir en ofensas, difamaciones o calumnias.

El rango que cubre esta proscripción abarca no sólo a los dos sujetos arriba mencionados, sino también a coaliciones, aspirantes, precandidatos e individuos. Para hacerla efectiva está contemplada una multa que alcanzaría los 532 mil pesos.

Quizá lo anterior explique por qué la guerra sucia, iniciada tan pronto arrancaron las campañas a la Gubernatura, ha dado trazas de haberse disminuido, si no interrumpido. Por lo menos, ya no se ha dado en los medios.

Otra guerra, sin embargo, que comenzó de forma paralela con aquélla, continúa. Más aun, se ha intensificado y no da visos de amainar. Me refiero a la librada en el terreno legal, a través de las denuncias.

Y es que la nueva Ley Electoral establece una serie de restricciones en materia de propaganda electoral, pero también gubernamental. Las razones de ello son varias e intentan responder a los reclamos que por mucho tiempo y de diversas maneras hizo la sociedad.

Reducir el enorme gasto de las campañas, disminuir la contaminación visual que producía la inundación de horrendos pendones por toda la Ciudad y mejorar la equidad de la contienda, son algunos de los motivos detrás de esas limitaciones legales. La más importante de todas es la que prohíbe contratar spots en radio y televisión.

Por ello, queda restringida la instalación, en la vía pública o en lugares de uso común, de pósters y mamparas alusivos a candidatos o a partidos. Pueden colocarse ahí, mientras no dañen el equipamiento urbano o estorben el paso de peatones o vehículos.

Las autoridades estatales y municipales, por su parte, están impedidas de difundir en los medios electrónicos mensajes publicitarios durante la campaña y hasta que concluya la jornada electoral. Sólo pueden hacer uso de estos recursos para anunciar disposiciones en materia de educación, salud y protección civil.

A pesar de estas reglas, candidatos y gobierno siguen promoviéndose, en algunos casos, sin mucho afán por ajustarse a las normas. Nada sorprendente hay en ello, pues son fiel expresión del deporte nacional de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR