Miguel Reyes González / Crimen y castigo
| Autor | Miguel Reyes González |
En los próximos días, el Congreso local tendrá que resolver un asunto fundamental para la verdadera rendición de cuentas. Se trata de 20 denuncias penales solicitadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El lunes, EL NORTE dio a conocer que el órgano fiscalizador recomendó iniciar 17 procedimientos penales contra funcionarios de siete municipios, derivados del análisis de las cuentas públicas de 2012. Ayer, este medio reveló que se sumaron tres requerimientos más para otras dos localidades.
Allende, Cadereyta, Doctor González, Juárez, Linares, Marín, Montemorelos, Santa Catarina y Zuazua son los municipios en cuestión. De ellos, es Linares el que acumula más peticiones de querellas penales con 10.
Los actos cometidos por los empleados públicos y que motivaron las demandas de la ASE son de diversa índole. Negociaciones fraudulentas con terrenos, autorizaciones que contravienen los reglamentos de desarrollo urbano y la instalación de gasolineras en lugares prohibidos, son algunos ejemplos.
El lunes, representantes de organismos empresariales y civiles exigieron a los Diputados ordenar que se finquen responsabilidades penales en los casos señalados. Además, el director de Caintra, Guillermo Dillon, les recordó que no existe confianza en el Legislativo a la hora de castigar las irregularidades en las cuentas públicas.
Ese mismo día el coordinador de los Diputados panistas, Alfredo Rodríguez, declaró que su bancada votará a favor de que se impongan las denuncias penales, con alguna excepción que verá con la ASE. Su homólogo del PRI, Édgar Romo, afirmó que analizarán cada caso.
Muchos quisiéramos creerle a Alfredo Rodríguez, pero no hay antecedente de que esta Legislatura haya castigado con dureza a quienes han hecho uso irregular o ilegal de los recursos públicos o hayan emitido permisos sin apegarse a las normas. El año pasado rechazaron la petición hecha por la Auditoría para iniciar una demanda penal contra ex funcionarios del Municipio de Linares, por la edificación de una gasera en un área colindante con viviendas.
Ahora los legisladores tendrán 15 días hábiles para aprobar o rechazar las recomendaciones de la ASE. Para iniciar las referidas demandas, se necesita una votación de 50 por ciento más uno, al menos.
Aquí es donde se ha atorado la pinza de la rendición de cuentas. Porque los Diputados, que no son expertos en...
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