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Marco Cortés Guardado / Pobre cultura de la legalidad

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Vincent
AutorMarco Cortés Guardado

México muestra todos los síntomas de una sociedad culturalmente incapacitada para sustentar un Estado de derecho genuino.

Incluso el debate público es a veces indicativo de que las competencias psicosociales requeridas para el imperio de una noción imparcial y universal de la justicia no se han desarrollado en la extensión y en el nivel requerido por esta forma de asociación colectiva.

La facilidad con la que se expande el crimen organizado o lo arraigado de la corrupción, por mencionar dos fenómenos relevantes, reflejan algo más que una falla endémica a nivel institucional.

Junto a ellas es sintomática la violación cotidiana, con actos en apariencia irrelevantes, que la enorme mayoría de los mexicanos hacen de algunas leyes locales y, en general, de normas que imponen una convivencia cívica de mediana calidad.

En estos días basta observar ciertas opiniones en torno a la legitimidad de la protesta social para entender lo torcido que está la conciencia legal, incluso de importantes actores de nuestra vida pública.

Anarquistas que destrozan el centro de la Ciudad de México, maestros que alteran de la peor manera el orden público, afectando los intereses de la generalidad de la población, o el caso específico de los opositores a la reforma energética que dañaron el edificio del Congreso en Jalisco son acontecimientos que, si bien han suscitado la condena de la sociedad, sorprende que no sean pocos los que además de justificarlas consideren totalmente improcedente el uso de la fuerza pública para contenerlas, ya no digamos penalizarlas conforme a la ley.

De verdad sorprende que cuando se pide que se aplique el rigor de la ley en casos como los mencionados, sobren aquellos que ponen el grito en el cielo denunciando oscuras intenciones de criminalizar la protesta social.

Es cierto, la impunidad en el País es tal que castigar el vandalismo de ciertas manifestaciones del activismo contestatario sonaría a medida de excepción. Pero la facilidad con la que esos actos vandálicos evaden la justicia es otro ingrediente más que robustece la impunidad imperante en este País.

La ley, quiérase o no, está para aplicarse sin excepciones, salvo en los casos previstos por el mismo régimen jurídico. No hay...

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