Limita Venezuela propiedad privada
| Autor | Octavio Pineda |
EL NORTE/Colombia
BOGOTÁ.- El proyecto de reforma a la Ley de Tierras, sustento jurídico de la guerra contra el latifundio emprendida por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, busca redefinir el concepto mismo de propiedad privada para darle un sentido comunitario y social.
La propiedad privada, en el sentido tradicional de la palabra, dejará de existir para dar paso al concepto de "propiedad agraria", de acuerdo con la reorganización de la tenencia y el uso de las tierras de vocación agrícola, impulsada por Chávez.
El anuncio hecho por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Gutiérrez, sumado a la expropiación de 110 mil hectáreas de tierras "ociosas" cuyos dueños no han podido acreditar la titularidad, acentuaron ayer los temores de que la reforma agraria de Chávez se preste para arbitrariedades y ponga en peligro la seguridad agroalimentaria que busca garantizar.
"La propiedad privada, en el sentido tradicional de la palabra, no va a existir, no habrá más dueño único y absoluto, porque la tierra tendrá un uso social", aseguró Gutiérrez al diario Últimas Noticias.
Según el parlamentario del partido oficialista Movimiento V República (MVR), la proyectada reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario modifica el concepto de propiedad privada para crear una especie de "propiedad comunitaria" en que los campesinos produzcan en beneficio de todos.
El proyecto legislativo es impulsado en la Asamblea Nacional por el oficialismo para dar mayor sustento legal a la guerra antilatifundio de Chávez, que busca redistribuir las tierras ociosas o abandonadas entre un campesinado que las ponga a producir.
El objetivo en el mediano y largo plazo, recordó Gutiérrez, es que los campesinos produzcan 80 por ciento de los alimentos que se consuman en Venezuela, nación que tradicionalmente los ha importado.
Para los productores agrícolas y ganaderos, la anunciada redefinición de la propiedad privada, sumada a las expropiaciones, arrojan un manto de incertidumbre jurídica que desalienta la inversión en el sector y pone en riesgo la seguridad agroalimentaria.
"Nuestra preocupación es que todos esos procedimientos, de forma discrecional, puedan llevar a excesos, en detrimento de la seguridad agroalimentaria que tanto el Gobierno como los productores persiguen. Desincentivan la inversión en el sector. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión", asegura en entrevista Leonardo Michelangeli, director ejecutivo de la Asociación Venezolana de...
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