Juan Ciudadano / Prueba del interés público
| Autor | Juan Ciudadano |
Una vez trazada la línea que delimita formalmente los alcances de la apertura informativa, en la práctica, si se deja la interpretación de esta frontera a su suerte, quien trague más saliva comerá más pinole.
Normalmente, las presiones más fuertes serán hacia el retroceso, hacia la mayor elasticidad de las reservas de información de tal forma que sirvan de escudo a las solicitudes incómodas.
Aquellos -comúnmente poderosos- que en un momento dado se sienten amenazados por alguna solicitud específica de información, van buscando la maleabilidad de categorías como "secreto bancario", "seguridad personal", "opiniones del proceso deliberativo", "menoscabo en la conducción de negociaciones", para justificar la negativa de entregar información.
Un caso emblemático de esta resistencia, que tiene como estrategia el encontrarle el modo a las leyes, es la alianza de banqueros amparados contra la resolución del IFAI que obliga al IPAB a entregar las minutas de su Junta de Gobierno.
En este caso es el "secreto bancario" el subterfugio por el que se busca tapar el acceso a elementos relacionados con el robo más grande de nuestra historia.
Pero éste es sólo un ejemplo, de muchos posibles, que hablan de un problema sistémico: la posibilidad de políticos, burócratas y empresarios de estirar hasta donde sea necesario el cobijo de las reservas supuestamente justificadas.
Atacar este problema -imposible de resolver por completo- afortunadamente no exige inventar el hilo negro.
Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Escocia son algunos de los países que han incluido recientemente dentro de sus legislaciones un precepto, la "prueba del interés público", que busca evitar la interpretación maliciosa de las reservas de información.
En estos países sólo una proporción mínima de los documentos públicos bajo reserva lo son de manera "absoluta". El resto son clasificados como "potencialmente reservados".
Para efectivamente permanecer bajo resguardo, estos últimos necesitan ser filtrados por una especie de "prueba del ácido" compuesta de tres pasos:
1 Que efectivamente esté especificada y legitimada en la ley la reserva.
2 Que se pruebe, para. cada documento (uno por uno) cuya clasificación haya sido solicitada, que hacerlo público efectivamente causaría un daño en el sentido específico que señala la justificación de la reserva.
3 Que se pruebe que este daño sería mayor al beneficio social producto de la disponibilidad de dicha información.
Esta prueba del ácido busca...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba