Javier Alberto Reyes G. / ¿La casa gana?

AutorJavier Alberto Reyes G.

"La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte".

Platón

Algunos opinamos que los organismos públicos que vigilan la actuación de la autoridad, como por ejemplo los especializados en derechos humanos, serían un gasto innecesario y deberían desaparecer en la medida en que los funcionarios de este país aplicasen correctamente las normas jurídicas. Son el departamento de quejas del departamento de quejas. Sin embargo, resulta tan común el desconocimiento de la ley por parte de los servidores públicos y es tan horrenda la corrupción que corroe las entrañas de México, que es indispensable crear mecanismos que obliguen al funcionario mexicano a hacer su trabajo ágil, correcta y honestamente. Es por ello que debemos celebrar frugalmente, tan sólo como un buen comienzo, la Ley Federal sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado, que pronto celebrará escasos cuatro meses de nacida.

En México la actividad del Estado se manifiesta de tres maneras: en actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales. Los primeros son aquellos que tienen las características de generalidad, abstracción e impersonalidad propias de ley; los segundos son los que aplican la ley y los terceros, similares a los administrativos, aplican la ley, pero resolviendo a favor de alguien con fuerza de verdad legal. Si bien los actos administrativos son emitidos común y mecánicamente todos los días (permisos, multas, registros, etc.), una gran cantidad de ellos difícilmente reúne los requisitos constitucionales exigidos, principalmente por carecer de una correcta fundamentación y motivación. Por ejemplo, ¿cuántas autoridades le han afectado a usted y como constancia del hecho obtiene un vil "machote" mal llenado?

Según el informe 2004 del Consejo de la Judicatura Federal, en los Tribunales Colegiados de Circuito y en los Juzgados de Distrito se produjo entre noviembre de 2003 y noviembre de 2004 un rezago de 10 mil 666 asuntos, que al acumularse con los asuntos iniciados suma más de 112 mil que se adicionarán a los litigios previsibles para el siguiente ciclo. Estamos hablando de alrededor de 800 mil casos para un universo inferior a los mil tribunales y juzgados. De esa carga, una parte considerable recae en las instancias judiciales competentes en materia administrativa. Y no estamos contando al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ahora bien, si es cierto que nadie se queja de aquellas afectaciones de poco valor, dado que el viacrucis de...

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