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Inhabilita NL a medinistas

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Vincent
AutorÁngel Charles

La Administración estatal independiente inhabilitó para ejercer cargos públicos a nivel local por 10 años a Federico Vargas y Luis Marroquín, ex Secretario de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social y ex titular de Obras Públicas de Rodrigo Medina, respectivamente.

La Contralora estatal Nora Cantú detalló en conferencia de prensa que en el caso de Vargas, actual Diputado federal priista, las anomalías detectadas son por otorgar incentivos irregulares para la colocación de la Siderúrgica de Linares.

En este caso, dijo, el ex servidor público tendrá que resarcir un monto estimado en 280 millones de pesos.

Aldo Fasci, vocero anticorrupción, explicó que el Estado entregó de manera directa a la empresa un monto de 110 millones de pesos para obras públicas, situación que es irregular.

"Se entregó dinero a un empresario para que él hiciera obras públicas, el Gobierno le entregó dinero a él para que hiciera línea de electrificación pública", acusó Fasci.

La Siderúrgica es del empresario Enrique Gutiérrez Garza, presidente de Lenomex, grupo industrial que desarrolla el proyecto.

Por este mismo caso, el 25 de junio pasado ya se había inhabilitado a Juana Aurora Cavazos, actual Diputada federal priista y ex Secretaria de Educación y de Desarrollo Social; Patricia Aguirre, ex titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico, y Sergio Alanís Marroquín y Juan Manuel Fernández, ex directores del Instituto de Vivienda.

Luis Marroquín, otro de los inhabilitados por 10 años, fue acusado de una variación sustancial en las dimensiones de la obra de construcción del canal pluvial del Arroyo San Miguel-Interpuerto, en Salinas Victoria.

En este caso, detalló Cantú, el daño estimado al erario asciende a 21 millones 495 mil 050 pesos, monto que está obligado a resarcir a la hacienda pública.

En ambos casos, dijo la Contralora, ya fueron notificados y ahora podrán inconformarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa por ser una sanción administrativa.

Fasci agregó que la Contraloría ya hizo una denuncia ante la Fiscalía, por lo que estos casos podrían ser sancionados también por la vía penal.

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