FRICASÉ / Castigo a desviación

AutorEl Abogado del Pueblo

Como sociedad, como ciudadanos, no debemos tolerar, ni permitir, ni dejar impunes las malversaciones de fondos públicos que fueron cometidas en el sexenio pasado y que están siendo evidenciadas.

No sólo nos referimos a los desvíos ilegales detectados por la Auditoría Superior de la Federación, en los que fondos etiquetados para obras públicas son aplicados a gasto corriente (y muy posiblemente con fines electorales), que es lo mismo que decir que, siendo para inversión en obra, acaban en la bolsa de la burocracia.

También, y de manera muy importante, como ciudadanos algo tenemos que hacer para desterrar la OPACIDAD en el manejo de los fondos públicos a nivel Tesorería.

A nosotros los ciudadanos no nos quieren rendir cuentas, y quien no rinde cuentas acaba haciendo lo que le da la gana.

Hay muchas anomalías (y "animalías") en Tesorería y no basta -ni debe dejarnos satisfechos- que se contrate un "bombero" para semimeter orden si las barbaridades que se han cometido no son rectificadas, y los culpables castigados por el abuso de poder cometido.

En ningún rubro este fenómeno es más evidenciado que en el referente a la DEUDA PÚBLICA, cuya contratación y términos es todo un escándalo.

Esto se puede afirmar porque, si bien a los ciudadanos no nos informan ni nos rinden cuentas, el actual Gobierno sí se siente muy comprometido con las cúpulas del sector privado, a las que les ha rendido un informe medio somero, parcial e incompleto, que aun así ha evidenciado irregularidades aberrantes que no pueden ni deben ser condonadas, tal es su magnitud.

A los pocos "pezzonovantes" locales que se les ha informado se les cae el pelo con la osadía y la escasa maternidad de los responsables estatales que PAGARON a prestadores privados, por ejemplo, ¡UDIS +5 por deuda garantizada estatal con vencimiento en el 2030! (equivale más o menos a un rendimiento como del 11 por ciento).

Para que se den una idea: Sonora pagó algo así como UDIS +1, 1.5 por su deuda, a plazos mucho más cortos.

Este sobreprecio, a menos que alguien lo explique -para lo cual se requiere apertura total-, equivale a ROBARLE de la BOLSA a los ciudadanos dinero para entregárselo a indeterminados intermediarios financieros.

Alguien que sabe mucho de estos temas estima el "valor repartible" de la operación en NO MENOS DE MIL MILLONES DE DÓLARES, y, por lo mismo, este tipo de "favores" no los hacen los políticos de a gratis.

Cualquier persona que conozca el funcionamiento y la tradición mexicana del...

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