Fracasa en Guanajuato proyecto de readaptación
| Autor | Jorge Escalante |
EL NORTE/Corresponsal
"En la cárcel aprendí muchas cosas, conocí a chavos que sabían cómo robar, cuando salí me junté con una pandilla y de ahí para acá nos dedicamos a asaltar y robar. Pero, no tenemos más remedio, necesitamos tener dinero para comer", narra Macario, quien purga una condena por robo a mano armada y lesiones.
"No hay trabajo, ni modo que me quede sin comer, tengo que hacer cualquier cosa para tener dinero", afirma.
Ingresó al Cereso de Puentecillas cuando tenía 16 años de edad y es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la Colonia El Cerro de los Leones, la de mayor índice delictivo en Guanajuato.
"Estuve pidiendo ayuda en la calle para comprar algunos medicamentos para mi mamá. Yo lustraba zapatos, pero el dinero no me alcanzaba, entonces sin pensarlo robé una cartera, me detuvieron y me llevaron al Cereso", relata.
No ingresó al Instituto Tutelar para Menores porque en Guanajuato la edad penal se establece a los 16 años.
En el Cereso aprendió a delinquir y ahora sostiene que no tiene interés por readaptarse. Espera juntar dinero para pagar la multa y salir. Confía en reunirse con sus amigos en la Colonia Cerro de los Leones.
El caso de Macario es un ejemplo de cómo dos leyes no han sido suficientes para combatir la delincuencia infantil y juvenil en Guanajuato, donde en 1969 se redujo la edad penal a 16 años.
Al día un menor ingresó a prisión por cometer delitos graves, al menos de 1991 a 1999, revelan cifras oficiales. De los años posteriores aún no se tienen datos.
Ni la Ley sobre Tutela Educativa para Menores Infractores, creada en 1969, ni la ley de Justicia para Menores, aprobada en 1994, lograron que menos infantes o adolescentes cometieran ilícitos.
Robos, violaciones, lesiones, daños contra la salud y portación de armas de fuego son hechos ilícitos por los que entran a prisión los jóvenes. Algunos al cometer su primer delito conviven en el penal con reos que ya tienen un largo historial delictivo.
Por ello, el Ejecutivo prepara una nueva iniciativa de ley en la materia que busca elevar la edad penal a 18 años.
Quieren que el nuevo ordenamiento se apegue a los principios derivados en 1989 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.
La reducción de la edad penal no baja los índices de delincuencia juvenil, subraya Adriana de Santiago Alvarez, directora del Sistema Estatal para el Tratamiento de Menores Infractores.
De Santiago Alvarez señala la necesidad de un ordenamiento...
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