Entra con fractura de codo; sale con 'muerte natural'
| Autor | Juan Antonio Martínez |
La tarde del 30 de septiembre del año pasado, el joven empresario Omar González subió a una escalera para instalar una manta en la que anunciaba la apertura de su negocio en la Colonia Roma, pero repentinamente sufrió una caída que le causó una fractura en el brazo derecho.
Acompañado de su esposa María Dolores Téllez, el lesionado llegó al Hospital San Vicente por su propio pie para ser intervenido quirúrgicamente... pero falleció.
"Ya no se pudo hacer nada por su esposo, acaba de morir, fírmenos por favor el certificado de defunción para que se le entregue el cuerpo", fueron las palabras que la sorprendida esposa recibió del personal médico del hospital privado.
Téllez se rehusó a firmar el acta y, por el contrario, acudió a la Policía Ministerial a presentar una denuncia de hechos contra quien o quienes resulten responsables de la muerte.
Si bien hasta el momento la denuncia no ha prosperado para fincar responsabilidad penal a algún galeno por una posible negligencia médica, sí ha puesto al descubierto aparentes irregularidades en el manejo de los resultados de las autopsias y del personal de la dirección de Servicios Periciales.
Un legista que es obligado a renunciar, dos opiniones de autopsia distintas y el ocultamiento de una aparente negligencia médica han salido a relucir dentro de una investigación en la Procuraduría General de Justicia, a través de la agencia del Ministerio Público No. 8.
El cambio de autopsia
A Téllez le pareció ilógico que su esposo hubiera perdido la vida por una simple fractura en el codo derecho al caer de una altura de apenas un metro, por lo que exigió que el caso fuera investigado a fondo.
En el curso de la averiguación salió a relucir que el legista Juventino Guerrero, a quien se le asignó la autopsia por estar de guardia en el anfiteatro, se le obligó a renunciar en la dirección de Servicios Periciales. El motivo aparente: negarse a firmar como natural la causa de la muerte del empresario.
Otros dos legistas, Juan Antonio González y Alberto Niderhauser, quienes habrían suplido a su colega Guerrero, dictaminaron después que la muerte del joven había sido a consecuencia de una insuficiencia respiratoria secundaria a un embolismo graso, de la cual no podría fincarse responsabilidad penal a nadie..
Pero en una junta de peritos, realizada a raíz de la denuncia, se resolvió seis meses después que la verdadera causa de la muerte había sido un edema cerebral secundario a hipoxemia trans-anestésica, es decir, por...
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