Empresa / Rebatiña
| Autor | Alberto Barranco Chavarría |
Aunque su exposición de motivos alardea de mantener vigente y de manera expresa la libertad de afiliación de las unidades económicas y los empresarios, lo cierto es que la propuesta de reformas a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en manos del Congreso, revive a la letra la obligación de registro, si bien por la puerta de atrás.
Peor aún, a imagen y semejanza del pasado al que en el papel sepultó una histórica jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1995, el Gobierno aplicará severas sanciones a los incumplidos.
Y aunque el documento entregado a los líderes de las diversas fracciones legislativas para que alguna o algunas de ellas lo hagan suyo, presume también de que los organismos se constituirán en eje sin dependencia entre Gobierno y empresarios, exige la entrega de un subsidio anual por parte del erario público.
Y aunque, desde otro ángulo, se ufana de un respecto irrestricto a la libertad de asociación consagrada por la Constitución, le coloca una patética carrera de obstáculos a la posibilidad de constituir legalmente organismos que pudieran constituirse en su competencia.
De entrada, pues, la iniciativa entregada en abril pasado por la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Yeidckol Polevnsky, intenta revivir la obligatoriedad de registro de la totalidad de las empresas al tristemente célebre Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), algo así como el Renave empresarial, al que se define como un "instrumento con el potencial de hacer contribuciones relevantes a las unidades socioeconómicas".
El caso es que de acuerdo al artículo 51 del anteproyecto que según el optimismo de quienes lo confeccionaron se aprobaría en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, la Secretaría de Economía impondrá una multa a los comerciantes e industriales que no cumplan con la obligación de registrarse oportunamente en el SIEM... previo pago de una cuota a las Cámaras, cuyo monto lo fijará la autoridad.
Lo cierto es que la ausencia del papelito impedirá a las firmas obtener a su vez su afiliación a la Cédula Empresarial Mexicana, que en el papel les permitiría facilitar los trámites gubernamentales.
Más aún, tampoco se podrá acceder a la representatividad del Consejo Consultivo de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, presidida por el Secretario de Economía, que se instituiría como auxiliar de la propia dependencia en el cumplimiento de la ley a...
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