Clara Jusidman/ Democratización de los medios
| Autor | Clara Jusidman |
Nuevamente se encuentra en el debate público un proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión. En esta ocasión, un grupo de organizaciones de la sociedad civil entregó a las comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras legislativas una propuesta para modificar y actualizar el marco jurídico que regula las actividades de la radio y la televisión en nuestro país.
Con la firma de 64 senadores del PAN, PRD, PVEM y Convergencia por la Democracia, en un hecho histórico, la propuesta se convirtió en Iniciativa Legislativa y se envió a comisiones para ser dictaminada. Los senadores del PRI en bloque se negaron a firmar, pero en palabras del senador Genaro Borrego, se comprometieron a legislar en la materia a la brevedad.
Después de la sorpresiva aparición el 10 de octubre pasado del Decreto y el Acuerdo del Ejecutivo que modifican el Reglamento de la ley vigente y los tiempos fiscales, las organizaciones civiles y académicas que venían participando por más de año y medio en las Mesas para el Diálogo de la Reforma del Estado se decidieron a elaborar la propuesta que hoy se debate. Fue un esfuerzo por concluir un proceso civilizado de construcción de consensos, truncado por un acto inesperado de autoritarismo.
La propuesta recoge las aportaciones que expertos han venido haciendo desde hace por los menos 25 años, así como los acuerdos alcanzados en las Mesas del Diálogo. Es decir, sintetiza un viejo y reiterado anhelo por contar con una radio y una televisión a la altura de las transformaciones de la sociedad mexicana y de la tecnología disponible, que está en proceso de cuadruplicar al menos, la disponibilidad de frecuencias.
El llamado "decretazo" del 10 de octubre y el pasmo de la autoridad ante los actos ilegales ocurridos entre dos concesionarios de televisión en diciembre pasado, justifican algunas de las propuestas contenidas en la actual iniciativa. En ellas se reconoce que el Ejecutivo federal no es actor imparcial en la regulación de las actividades de radio y televisión lo cual merma e incluso cancela el ejercicio de su autoridad, dejando a la libre voluntad de los escasos concesionarios privados un bien nacional de gran importancia en una sociedad crecientemente mediática.
Al parecer, el actual Ejecutivo federal antepone sus intereses políticos por encima de sus compromisos por la democracia, que pasan obligadamente por la democratización de los medios electrónicos de comunicación.
Al igual que para los procesos electorales con el...
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