Carmen Aristegui / La Corte, el fuero, la historia

AutorCarmen Aristegui

La Suprema Corte de Justicia concluyó el histórico debate sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Rosendo Radilla vs. el Estado mexicano, el caso del ciudadano desaparecido forzadamente por miembros del Ejército mexicano en 1974.

Los Ministros aprobaron seis efectos concretos para el sistema de justicia nacional de enorme trascendencia, producto de esta sentencia condenatoria y de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Lo más destacado, por su trascendencia e implicaciones, tiene que ver con la restricción del fuero militar en casos de afectación a civiles y lo que se ha denominado como "control difuso", que no es otra cosa que la obligación, a partir de esta interpretación de la CIDH que causa el efecto, que tendrán todos los Jueces del País de inaplicar, a los casos concretos, las leyes que violen la Constitución -recién reformada en esa materia-, empatándola con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Tal y como lo dijo el Ministro presidente, Juan Silva Meza, en un inusual, pero pertinente discurso de cierre: "Esto debe entenderse como parte de un proceso de cambio cultural, estructural, de nuestro régimen Constitucional". Algo que no hubiera sido posible sin la actividad constante de la sociedad civil -incluyendo a las víctimas, como Tita Radilla, la hija de Rosendo, cuyo caso fue llevado magistralmente por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dirigida por Juan Carlos Gutiérrez a lo largo de una década, y que se convirtió en paradigma-.

La decisión unánime sobre la restricción al fuero militar se da en momentos en que se agolpan los señalamientos sobre abusos y violaciones cometidos desde el ámbito castrense en contra de población civil. No a consecuencia, sino en coincidencia con ello es que se da la decisión de los Ministros.

El inevitable juicio de la historia, como se dice comúnmente para hablar de la memoria que se tendrá de un Gobierno y de su actuación, ha empezado a construirse en torno a la figura de quien ocupa la Presidencia, y todo apunta a que será implacable por las decisiones políticas y por los altos costos en materia de derechos humanos que ha tenido que pagar la sociedad.

La grave y costosa decisión, tomada desde la Presidencia, de militarizar al País, de la manera en que hoy lo está, para librar una guerra no calculada, no discutida y mal instrumentada...

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